La Ley diferencia entre la puntuación de criterios de valor y aquellos otros en que se obtiene por mera aplicación de fórmulas.
El pasado 19/10/26 se publicó en la PLACSP acta de la Mesa la admisión de candidatos y el 28/10 el anuncio-convocatoria para dar cuenta unos días más tarde del informe emitido relativo a los criterios objeto juicio de valor a la Mesa y la apertura del fichero conteniendo oferta de precio y otros criterios objetivos.
Se cuestiona si puede abrirse el segundo sobre sin haber publicado las puntuaciones de los criterios subjetivos antes, ya que la LCSP conserva la salvaguarda de que se realice la variación de juicio de valor antes de abrir el sobre con la oferta económica o que contenga aquella parte de la oferta que se puntúe mediante fórmulas, como salvaguarda a que la valoración subjetiva pueda modificarse o influir una vez se conozca la puntuación subjetiva.
Dice el art. 146.1 b) de la LCSP en este sentido: “En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valorarán mediante la mera aplicación de fórmulas”.
Pues bien, se viene admitiendo que la Mesa de contratación comunique públicamente los resultados de la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor y, a continuación, proceda a la apertura de los sobres con los criterios evaluables mediante fórmulas. La omisión de la publicidad previa no implica necesariamente el incumplimiento de la finalidad del precepto legal siempre que quede constancia (por ejemplo bajo la fe pública) de que la valoración de los elementos subjetivos ya está hecha cuando se abre el segundo sobre.
Con el uso de sobres electrónicos, el acto público de apertura no resulta preceptivo según el artículo 157.4 de la LCSP El descifrado y apertura se realizan a través de la herramienta de gestión dejando constancia electrónica de fecha y hora, y los licitadores suelen conocer el resultado cuando se publican posteriormente las actas e informes en la Plataforma pública o en el perfil del contratante.
En procedimientos electrónicos, los tribunales han destacado que la trazabilidad electrónica asegura la invariabilidad de documentos; por ello, la publicación puede producirse inmediatamente antes o incluso después de la apertura económica, siempre que conste que la valoración técnica fue aprobada antes de abrir las ofertas económicas y que la documentación esté disponible dentro del plazo para recurrir.
La RTACRC 708/2020, de 19 de junio de 2020 (Recurso 445/2020) trata un concurso en que la Plataforma la puntuación de los criterios de juicio de valor y, acto seguido, abrió las ofertas económicas en la misma sesión, ajustándose al artículo 146.2.b) LCSP. El Tribunal desestimó el recurso que denunciaba apertura económica previa a la publicación porque, aunque se hagan en un mismo acto, cronológicamente son dos momentos diferentes. Por tanto, habrá que estar a las fechas consignadas en cada uno. Publicar las puntuaciones subjetivas inmediatamente antes de proceder a la apertura económica en la misma sesión garantiza transparencia plena y evita cualquier tacha procedimental (Esteban Umerez).
La publicación posterior (por ejemplo, a la vez) con trazabilidad electrónica fue tratada en la RTACRC 640/2021, de 28 de mayo de 2021 (Recurso 280/2021) resumiéndose en que la valoración puede no ser simultánea, siempre que la aprobación de la técnica sea previa a la apertura económica y quede constancia en acta. La finalidad del artículo 146.2.b) es evitar contaminación de la valoración, que no se produce si la primera valoración consta cerrada. Que la valoración atribuida a los criterios valorables mediante juicio de valor se lleve a cabo con posterioridad no afecta a este hecho, debido a la imposibilidad de modificación del contenido de los documentos electrónicos, como se ha señalado anteriormente. En el expediente queda constancia de los correspondientes actos y de su contenido, sin que sea posible sustituirlos o modificarlos con posterioridad, en una confianza inexplicable en la tramitación electrónica (Beades, “Disfunciones de la Administración digital en el ámbito local” ISBN 978-84-09-89813-8).
Una tramitación más laxa es cuando la primera valoración se publica después de la segunda, pero dentro del plazo de recurso. Fue el supuesto enjuiciado en la RTACRC 567/2025, de 10 de abril de 2025 (Recurso 270/2025), que afirma que actas de mesa e informes técnicos deben estar disponibles en el perfil con el acto al que sirven de fundamento y dentro del plazo para recurrir; bastando su disponibilidad para articular en plazo un recurso fundado. En realidad, el plazo debería contar con el mismo criterio que en ámbito jurisdiccional, tomando como dies a quo el de publicación y por tanto de inicio de la posibilidad de ejercicio del recurso.
La RTACRC 830/2023, de 22 de junio, es citada por la anterior, afirmando que no hay una norma que concrete en qué momento ha de tener lugar dicha publicación. “Ello determina que deba estarse al espíritu y finalidad de la norma, conforme a los parámetros interpretativos que fija nuestro Código Civil. Dicha finalidad se encuentra, en el artículo 151 de la LCSP”
Se vienen considerando vicio de nulidad la apertura del sobre económico por la secretaria antes de la constitución formal de la mesa, si bien la RTACRC 551/2025, de 10 de abril lo consideró un vicio no invalidante por haber respetado el orden legal y la salvaguarda del art. 146 LCSP y 30 del RD 817/2009, sin que se haya vulnerado el secreto de las proposiciones. Sin embargo, estimó el recurso por falta de motivación del informe técnico de juicio de valor al no publicarse el “documento de trabajo interno” que contenía la justificación detallada, ordenando retroacción para dictar nueva adjudicación motivada. Este documento, que dispone de firma electrónica, no fue publicado en la PLACSP junto con el informe de valoración, por lo que acoge la alegación de falta de motivación del acuerdo de adjudicación.
Otro vicio invalidante es la alteración de criterios y revaloraciones. La RTARCJA 417/2025, de 11 de julio de 2025 (Recurso 319/2025) anuló la valoración por haber introducido, en fase de evaluación, subapartados y ponderaciones no previstos en el PCAP que además devinieron determinantes en la adjudicación del contrato. Y ello al margen de los concretos incumplimientos en los que, en su caso, hubiese podido incurrir la oferta recurrente y las consecuencias que de ello hubiera de derivarse, que en ningún caso pueden justificar ni convalidar la extralimitación en la que se ha incurrido por el órgano evaluador en el modo de valoración de las ofertas.
La RTARCJA 103/2025, de 21 de febrero declaró que no es posible una nueva valoración técnica después de conocidas las ofertas económicas; ello quiebra las garantías de imparcialidad del artículo 146.2 LCSP y obliga a anular toda la licitación: “no resulta viable una nueva valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, toda vez que ya se conocen y se han valorado las ofertas económicas de las licitadoras, por lo que una nueva valoración supondría una infracción de las garantías de imparcialidad y objetividad en el proceso de selección de la oferta económicamente más ventajosa, que constituyen el objetivo primordial perseguido por los artículos 146.2 de la LCSP (…) Así, como por el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo (…) estableciendo un procedimiento de valoración de la oferta en dos momentos separados, valorando en primer lugar, las ofertas conforme a los criterios sujetos a juicio de valor y, en segundo lugar, conforme a los criterios de valoración automáticos”, siendo inevitable la declaración de nulidad de todo el procedimiento de licitación, lo cual no impedirá la iniciación por el órgano de contratación de un nuevo procedimiento de adjudicación, si así lo estima necesario.
En consecuencia, el criterio ha de ser que una vez conocidas las ofertas económicas, cualquier intento de revalorar los criterios técnicos contamina irremediablemente el procedimiento.